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Susana Rodríguez, Directora de Turismo de Playa podría ser investigada por Contraloría del Estado.

Redacción JSP Medios | 22 FEB 2021

El periódico Mural dio a conocer este fin de semana, que Susana Rodríguez Mejía, directora de Turismo de Playa en la Secretaría de Turismo de Jalisco, estará en la mira de la Contraloría del Estado, por dar datos falsos en su declaración patrimonial y de intereses, además de presumirse como licenciada sin tener título profesional.

La funcionaria de turismo percibe actualmente 74 mil 620 pesos brutos al mes y, según datos disponibles en Transparencia de la Contraloría estatal, en sus declaraciones patrimoniales y de intereses del 2019 y 2020 reportó tener carrera de abogada finalizada y haber obtenido título.

Además de que firmó como si fuera licenciada en actas de sesión del Consejo de Administración del Seapal de Puerto Vallarta y en documentos del fideicomiso de turismo, lo que podría constituir un delito de usurpación de profesión, ya que la Secretaría de Turismo ha informado que Susana Rodríguez Mejía es pasante de la Licenciatura en Derecho, y no cuenta con título ni cédula profesional.

Ante estos hechos, MURAL publicó las declaraciones del Director General de Control y Evaluación a Dependencias del Ejecutivo, Álvaro Alejandro Ríos Pulido, quien señaló que la Contraloría tiene en proceso una revisión de las declaraciones patrimoniales y de intereses de los servidores públicos, y se prestará atención a lo que haya reportado la funcionaria de Turismo, además de que se podría iniciar una indagatoria por la presunción de un título profesional que no se tiene. «Si (en) la muestra seleccionada (de revisiones aleatorias) sale, y considerando el hallazgo que ustedes tienen si hubiese por ahí un incumplimiento a las leyes, a las normas (…), tendría que haber un procedimiento», señaló el Director General de Control y Evaluación a Dependencias del Ejecutivo.

El Código Penal del Estado señala en su Artículo 170 que “comete usurpación de profesión quien, sin tener título profesional o autorización para ejercer profesión reglamentada , se atribuya el carácter de profesionista”. Este delito se sanciona con hasta tres años de prisión y multa máxima de 300 UMAs: 26 mil 886 pesos.

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